En 2003, el Congreso de la Nación anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 2006, la Cámara de Casación Penal declaró inconstitucionales los indultos otorgados por Carlos Menem.
Estas decisiones permitieron reabrir las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, hasta 1983.