Silvia Suppo fue militante de la Juventud Universitaria Peronista, sobreviviente de la última dictadura y testigo en causas por delitos de lesa humanidad. Había sido secuestrada y torturada en 1977 y, décadas después, declaró contra los represores.
Fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en Rafaela. Su familia y organismos de derechos humanos sostuvieron que el crimen tuvo como objetivo silenciarla por su participación como testigo en los juicios contra represores. Esta hipótesis fue investigada, aunque el móvil político no quedó establecido judicialmente.