Con el avance de la investigación, los cruces de llamadas fueron creciendo. En 2008, los organismos de derechos humanos lograron que la Policía Bonaerense dejara la investigación, que pasó a la Policía Federal (PFA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El cambio de fuerzas demoró el análisis de los datos. En 2011, la PSA había procesado su información, pero no podía cargarlos. Ese año, la PSA fue apartada de la causa y los datos quedaron bajo la órbita de la PFA. En marzo de 2012, la Federal terminó de cargar la información, pero informó que tenía problemas técnicos para procesarla: no usaban el mismo software.
Por pedido de los fiscales, la PSA volvió a intervenir. En 2013, la causa seguía 17 pistas y cinco millones de comunicaciones para procesar.
