Fue sancionada el 4 de junio de 1987. Estableció que los integrantes de las Fuerzas Armadas que habían tenido rangos inferiores habían actuado bajo las órdenes de sus superiores y, por esa razón, no podían ser considerados responsables penalmente por esos delitos. La ley establecía esta presunción sin admitir prueba en contrario.
Las leyes de Punto final y la de Obediencia Debida se las conoce como las Leyes de Impunidad.