Fue promulgada en Navidad; el 24 de diciembre de 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Estableció un plazo para iniciar acciones penales contra quienes habían participado en los crímenes cometidos durante la dictadura. Cumplido ese plazo, ya no podían iniciarse nuevas causas.
Junto con la Ley de Obediencia Debida limitaron el avance de las investigaciones y los procesos judiciales contra responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura.